Tijuana B.C. 3 de julio., Al darse a conocer el contrato de la renta de camiones de basura entre el Ayuntamiento de Tijuana y la empresa Turbofin, el regidor Manuel Rodríguez Monárrez señaló que han quedado evidenciados los oscuros intereses detrás de este leonino, ilegal y nulo documento.
Mencionó que en su carácter de edil exige la cancelación del contrato, que se reponga el procedimiento y se abra una licitación pública conforme a derecho para comprar camiones propios.
El regidor refirió que están incurriendo en una ilegalidad la oficial mayor, María de los Ángeles Olague Contreras y el director de Servicios Públicos Municipales, Víctor Raúl López Alcaraz por haber firmado el contrato y no haberse apegado al procedimiento y a lo que marca el Reglamento de Adquisiciones, Contrataciones y Arrendamiento de Tijuana.
Comentó que en éste reglamento se establece que la renta podía haberse hecho por causa de fuerza mayor o fortuita y esto no se hizo al no avalarse la situación de emergencia sanitaria decretada por alguna autoridad de salud pública.
“Me parece cobarde que funcionarios se presten a este encubrimiento, es grave que se les incite a estas actitudes que generan opacidad y denigran a la administración pública municipal.
Queda claro que la intención además de privatizar el servicio de recolección de basura es hacer negocio. No se entiende cómo se llega a la situación de arrendar cuando los ayuntamientos han buscado ser quienes brinden el servicio”, expresó.
Agregó que se está analizando a cabalidad el contrato con asesores jurídicos para hacerlo llegar a instancias legales y se investigue lo ventajoso o la viabilidad del mismo.
Rodríguez Monárrez, manifestó que una de las inconsistencias del contrato es que establece un anticipo de 26 millones de pesos y no se informa para qué concepto es ese monto lo que no le da seguridad jurídica.
Declaró que otra ilegalidad más es que todas las refacciones que compre el Ayuntamiento pasarán a formar parte de la propiedad de la empresa; y que además se habla de ciertos talleres, pero no se menciona cuáles son.
“El Alcalde no sólo ha institucionalizado la mentira sino la corrupción, dijo que por confidencialidad no podía darse a conocer el contrato; pero van en contra de la leyes mexicanas esas cláusulas de confidencialidad en los recursos públicos.
No debió haber autorizado que se firmara la cláusula de confidencialidad y los funcionarios que firmaron tienen que saber que va a haber sanciones administrativas por preparar el camino al presidente para desviar recursos”, opinó.
El edil añadió que los 202 millones de pesos de la renta de los camiones alcanzaban para la compra de hasta 164 camiones.
“Si sindicatura va a seguir actuando como abogada del alcalde y no de la ciudadanía debe de removida del cargo. Y si el alcalde va a seguir impulsando este tipo de contratos, lo que se necesitará es que un abogado defienda al Ayuntamiento del alcalde, porque la principal amenaza a las arcas públicas es el mismo alcalde”, puntualizó.
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