Ø Reforma Ley de Presupuesto Estatal para destinar al menos 30 % a infraestructura
Ø Plantea Congreso modificación al Código de Procedimientos Penales para reducir términos de procesos
Ø Ofrecen a residentes del Ejido Zapata apoyo para solucionar conflicto de adeudo a sus terrenos
Mexicali, B. C.- El Grupo Parlamentario del PRI presentó un proyecto de Decreto para la creación de la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores, el cual tiene por objeto combatir el abandono en que se encuentra este segmento de la sociedad, así como garantizar y reconocer los derechos de las personas de sesenta años de edad en adelante, para propiciarles una plena protección, bienestar y calidad de vida, así como para lograr su integración al desarrollo social, económico, político y cultural.
La Iniciativa fue presentada en tribuna por la Diputada Rosana Soto Agüero durante la sesión ordinaria celebrada este día, bajo la Presidencia del Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón y forma parte de los asuntos puestos a consideración de la Asamblea.
Por lo que hace a este proyecto, se compone por 61 artículos en los que se establece que los adultos mayores de 60 años, residentes en el Estado de Baja California, tienen derecho a recibir una pensión diaria no menor a la mitad de un salario mínimo vigente en el Estado y que corresponderá al Ejecutivo Estatal y a los Ayuntamientos incluir en sus respectivos proyectos de Egresos, la asignación que garantice, efectivamente, el derecho a la pensión alimentaria de estas personas.
Por su parte, el Congreso del Estado deberá aprobar en el presupuesto anual, el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a la mencionada pensión alimentaria la cual se hará valer a través de una tarjeta electrónica, que será expedida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y podrá ser utilizada en los principales centros comerciales y establecimientos autorizados.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud de la XX Legislatura para su estudio y posterior dictaminación.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario del PRI, a través del Diputado Julio Felipe García Muñoz, presentó una Iniciativa de Reforma al artículo 5 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado, cuya intención es que el Ejecutivo Estatal destine, al menos, el 30 por ciento de su presupuesto anual a programas de obra e infraestructura, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
El Diputado García Muñoz argumentó en tribuna que es necesario y urgente impulsar una reforma estructural que conduzca a un cambio de fondo, respecto a la estructura general del Presupuesto de Egresos del Estado, en la búsqueda siempre del beneficio de los bajacalifornianos.
Refirió que el Presupuesto de Egresos del Estado, pasó de 21 mil 324 millones de pesos en el 2005, a 33 mil 200 millones; lo que representa un incremento de más del 50 por ciento en solo 6 años y precisó que al mismo ritmo de crecimiento de los Egresos del Estado, se ha incrementado también el gasto en sueldos.
Dijo que la mayor parte del gasto que se realiza en el Poder Ejecutivo, se destina a las partidas destinadas al pago de salarios y gastos administrativos, por lo que la propuesta tiene como finalidad destinar más fondos a la instrumentación, al desarrollo y seguimiento de programas de obra pública e infraestructura, en beneficio de los bajacalifornianos.
En su turno, el Diputado Juan Montejano de la Torre presentó una Iniciativa de Reforma al artículo 65 del Código de Procedimientos Penales, cuyo propósito es reducir los términos en que deben desahogarse este tipo de procesos, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
El congresista local expuso que con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, a partir del pasado 11 de agosto de 2010 en el municipio de Mexicali, se ha buscado que los procesos penales se resuelvan en menos tiempo, pero hasta la fecha esto no se ha visto reflejado en el periodo en que una persona debe ser sentenciada, pues aun cuando los medios de prueba y demás etapas procesales se agotan con mayor celeridad, los plazos señalados en el artículo 65 del Código de Procedimientos Penales como topes máximos para finalizar los procesos, son prolongados, por lo que deben acortarse.
En el curso de la sesión hizo acto de presencia un grupo de residentes del Ejido Zapata La Rosita, quienes a través de mantas alusivas al hecho de que la Empresa Silicon Border no les ha liquidado el costo de los terrenos que adquirió para instalarse, solicitaron la intervención del Congreso del Estado a fin de que los representantes de la citada empresa cumplan lo ofrecido y paguen el dinero reclamado.
En respuesta, la Diputada Claudia Agatón Muñiz propuso en la tribuna que esta XX Legislatura emita un exhorto a la Procuraduría de Justicia del Estado, a fin de que atienda la demanda de estas personas para que por la vía legal se obligue a la empresa citada a cubrir su adeudo con los residentes de este Ejido que se ubica en el Valle de Mexicali.
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